MES DEL TESTAMENTO

SEÑALA MONREAL POSIBLE VÍNCULO DE TRAGAMONEDAS CON CRIMEN EN ZACATECAS

Detrás de las máquinas tragamonedas instaladas en pequeños comercios podría operar una red de financiamiento y vigilancia al servicio de grupos delictivos. Así lo advirtió el gobernador David Monreal Ávila, quien alertó sobre el crecimiento de esta actividad, las presiones que enfrentan algunos comerciantes y los riesgos que representa para niños y adolescentes.

Merari Martínez
Foto: Merari Martínez

ZACATECAS, ZAC.- Detrás de las máquinas tragamonedas instaladas en pequeños comercios podría operar una red de financiamiento y vigilancia al servicio de grupos delictivos. Así lo advirtió el gobernador David Monreal Ávila, quien alertó sobre el crecimiento de esta actividad, las presiones que enfrentan algunos comerciantes y los riesgos que representa para niños y adolescentes.

El mandatario sostuvo que, ante la reducción de otras actividades ilícitas, las organizaciones criminales han buscado nuevas formas de obtener recursos, entre ellas las tragamonedas, la extorsión y los préstamos ilegales conocidos como gota a gota.

Monreal Ávila advirtió que la instalación de estos aparatos no siempre responde a una decisión voluntaria de los propietarios de los establecimientos, pues algunos son presionados para aceptarlos, en un contexto donde negarse puede representar un riesgo.

La preocupación, explicó, va más allá de las ganancias que generan las máquinas: también pueden funcionar como puntos de observación para identificar movimientos, vigilar zonas y obtener información útil para las estructuras criminales.

Frente a esta problemática, el gobernador señaló que el marco jurídico federal representa una limitante para actuar con mayor contundencia. La Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947, requiere una actualización que permita establecer sanciones más claras y ampliar las facultades de las autoridades.

“La Ley Federal de Juegos y Sorteos data de 1947”, expuso el mandatario al referirse a la necesidad de modernizar la legislación para responder a una actividad que, de acuerdo con su planteamiento, ha adquirido nuevas implicaciones en materia de seguridad.

La propuesta consiste en impulsar cambios legales que permitan perseguir esta práctica cuando esté vinculada con el financiamiento de organizaciones criminales, además de fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad, la procuración de justicia y la fiscalización.

En ese sentido, Monreal Ávila planteó incorporar a representantes de las áreas fiscales a las mesas de trabajo, con el propósito de seguir la ruta de los recursos y cerrar espacios a las economías ilícitas.

El tema fue abordado durante la Novena Reunión de Seguridad Regional de los Tres Órdenes de Gobierno, celebrada en Manzanillo, Colima, con la participación de autoridades de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas.

En este encuentro se planteó impulsar una legislación federal que permita enfrentar de manera más eficaz el uso de las máquinas tragamonedas como presunta fuente de ingresos para grupos delictivos.

“La estrategia busca cerrar fuentes de financiamiento de los grupos delictivos”, fue el planteamiento central de la postura del gobernador, quien destacó la necesidad de atender una problemática que afecta tanto a los comerciantes como a las familias y a los menores de edad.

Además, propuso realizar operaciones aéreas conjuntas en las zonas limítrofes de Zacatecas con Jalisco y Aguascalientes, como parte de las acciones de coordinación entre las entidades para reforzar la vigilancia y las labores de seguridad.

El desafío, sin embargo, no se limita a retirar máquinas de los establecimientos. La intención es avanzar contra las redes que presuntamente se benefician de ellas, fortalecer las herramientas legales y evitar que negocios comerciales se conviertan en puntos de operación o vigilancia criminal.

Con este planteamiento, Zacatecas busca colocar las tragamonedas en la agenda nacional de seguridad y promover cambios legales que permitan investigar y sancionar su utilización cuando esté relacionada con actividades delictivas.

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