APRUEBA CONGRESO EXHORTO DE MARCO VINICIO POR CAMPO ZACATECANO
El diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Vinicio Flores Guerrero, logró la aprobación inmediata de un Punto de Acuerdo para exigir la designación de la persona titular de la Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, instancia que permanece acéfala desde diciembre de 2025 y cuya inactividad mantiene paralizados miles de trámites relacionados con la propiedad rural.
ZACATECAS, ZAC.- El diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Vinicio Flores Guerrero, logró la aprobación inmediata de un Punto de Acuerdo para exigir la designación de la persona titular de la Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, instancia que permanece acéfala desde diciembre de 2025 y cuya inactividad mantiene paralizados miles de trámites relacionados con la propiedad rural.
El exhorto fue aprobado por el Pleno de la LXV Legislatura bajo la figura de urgente y obvia resolución, un mecanismo reservado para asuntos de alta pertinencia social y cuya atención inmediata puede contribuir a resolver problemáticas que afectan directamente a la ciudadanía.
Durante su intervención en tribuna, el legislador naranja advirtió que la ausencia de una autoridad responsable en esta dirección ha generado incertidumbre jurídica para miles de familias zacatecanas, afectando procesos sucesorios, adjudicaciones, certificaciones y otros procedimientos indispensables para garantizar derechos sobre la tierra.
Marco Vinicio Flores subrayó que no se trata únicamente de un problema administrativo, sino de una situación que vulnera derechos fundamentales, como el derecho humano a la certeza jurídica y el derecho de petición de las y los ciudadanos. Además, recordó que esta parálisis impacta directamente en el patrimonio familiar, limita el acceso al crédito y frena oportunidades de inversión productiva en el campo zacatecano.
El diputado señaló que actualmente cerca de seis mil quinientos trámites anuales se encuentran afectados por la falta de conducción institucional, situación que también representa pérdidas económicas para el Estado por millones de pesos en ingresos derivados de dichos procedimientos.