Hace unos años tuve un alumnos de tercero de preescolar que decía a sus compañeritas: ¡Te voy a violar!. Cuando lo escuché decir esa frase surgieron en mí tantas y tantas preguntas, mi imaginación volaba, no podía dar tregua en mi mente sobre cómo es que un pequeño de cinco años decía aquella frase. Hoy, cuando aparece en mi mente aquel pequeño y no puedo evitar preguntarme, ¿cómo será hoy su vida?.

Hay acontecimientos que paralizan a una sociedad. No sólo por la brutalidad de los hechos, sino porque rompen una de las certezas más profundas que sostenemos como comunidad, que la infancia debería ser el lugar más seguro de todos.

Los hechos ocurridos recientemente en Tabasco, Zacatecas, donde una niña fue víctima de una agresión sexual y física de extrema gravedad, presuntamente cometida por un adolescente, han provocado indignación, tristeza y una exigencia de justicia.

Estamos frente a una pregunta que incomoda, pero que ya no podemos seguir posponiendo: ¿Qué está ocurriendo con nuestras infancias y adolescencias para que la violencia alcance niveles que hace apenas unas décadas parecían inimaginables?

Desde hace años, la ciencia ha dejado claro que la violencia extrema rara vez surge de manera espontánea. Tampoco responde a una única explicación. Es el resultado de una compleja interacción entre factores individuales, familiares, comunitarios, culturales y tecnológicos. La violencia se construye, no aparece de un día para otro.

Las investigaciones muestran que el cerebro adolescente continúa desarrollándose hasta aproximadamente los 25 años. Las áreas relacionadas con el control de impulsos, la planificación, la regulación emocional y la evaluación de consecuencias aún están en proceso de maduración. Sin embargo, este dato no puede utilizarse para justificar conductas violentas. Lo que explica es que el contexto donde un adolescente crece adquiere una enorme importancia pues el ambiente también moldea el cerebro.

Y el ambiente en el que hoy están creciendo millones de niñas, niños y adolescentes es profundamente distinto al de generaciones anteriores.

Vivimos en una sociedad hiperconectada, donde internet se ha convertido en uno de los principales espacios de socialización. Según datos de UNICEF, una gran proporción de adolescentes utiliza internet todos los días durante varias horas, muchas veces sin supervisión adulta. Paralelamente, estudios internacionales muestran que el contacto con contenidos sexualmente explícitos ocurre cada vez a edades más tempranas, frecuentemente antes de los 13 años. La evidencia científica advierte que la exposición repetida a materiales donde la violencia, la dominación y la cosificación aparecen normalizadas puede influir en la manera en que algunos adolescentes comprenden las relaciones afectivas y sexuales, especialmente cuando existen otros factores de riesgo como violencia familiar, abandono, consumo de sustancias o problemas de salud mental no atendidos.

No significa que la tecnología produzca agresores. Tampoco que toda persona que consume estos contenidos ejercerá violencia. La conducta humana nunca responde a una sola causa. Pero sería irresponsable ignorar que estamos educando a una generación cuya principal fuente de información sobre sexualidad, relaciones y afectividad ya no son las familias ni las escuelas, sino algoritmos diseñados para captar atención, no para formar ciudadanos.

Quizá ahí radica una de nuestras mayores omisiones. Durante años hemos debatido si la educación sexual debe impartirse en las escuelas, cuando la realidad es que niñas, niños y adolescentes ya están recibiendo educación sexual todos los días. La diferencia es que, en demasiadas ocasiones, quien educa no es un docente, una madre o un padre, sino plataformas digitales que presentan el cuerpo como objeto, el consentimiento como algo prescindible y la violencia como entretenimiento.

Al mismo tiempo, este caso ha reabierto otro debate complejo, el de la justicia para adolescentes. Muchas personas se preguntan cómo debe responder el Estado cuando un menor de edad es señalado como probable responsable de un delito de extrema gravedad. La legislación mexicana establece un sistema especializado porque reconoce que las personas adolescentes poseen un desarrollo diferente al de los adultos y, por ello, las medidas buscan combinar responsabilidad, protección de derechos y reintegración social. Este modelo deriva de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Este panorama nos sitúa ante uno de los debates jurídicos y éticos más complejos del derecho contemporáneo, el tratamiento penal de los menores infractores que cometen delitos de alto impacto. Históricamente, los marcos jurídicos de protección a la infancia operan bajo el principio de la inimputabilidad relativa o sistemas de justicia restaurativa, asumiendo que el menor se encuentra en una etapa de desarrollo cognitivo incompleto y posee un alto potencial de reinserción. Sin embargo, la sofisticación y el nivel de crueldad detectado en casos recientes desafían los límites de estos modelos.

En el ámbito internacional, las respuestas varían sustancialmente. Países como Estados Unidos permiten, bajo ciertas circunstancias y criterios judiciales rigurosos, juzgar a menores de edad como adultos cuando la gravedad del crimen evidencia una plena conciencia del daño y una peligrosidad social extrema. Por el contrario, la mayoría de las naciones europeas mantienen sistemas especializados con un fuerte enfoque pedagógico y terapéutico, incrementando las medidas de confinamiento educativo, pero sin equiparar las penas a las de la población adulta. En América Latina, la saturación del sistema penitenciario y la falta de instituciones de rehabilitación reales provocan que los centros de reclusión de menores no tengan un impacto a profundidad en el tratamiento y reinserción.

Es legítimo preguntarse si las herramientas actuales responden adecuadamente a delitos cuya violencia genera una profunda conmoción social. Para ello, se necesita evidencia científica, análisis jurídico y, sobre todo, una visión centrada en los derechos de las víctimas.

Ahora bien, no debemos pensar que la solución comienza cuando interviene un juez, en realidad, la justicia comienza mucho antes. Comienza cuando una familia cuenta con herramientas para identificar señales de alarma; cuando una escuela dispone de protocolos para prevenir la violencia y promover la convivencia; cuando los servicios de salud mental son accesibles para niñas, niños y adolescentes. Y cuando la educación deja de considerar incómodos temas como el consentimiento, la empatía, la igualdad entre mujeres y hombres, la resolución pacífica de conflictos y la alfabetización digital.

Invertir en primera infancia, fortalecer las capacidades parentales, desarrollar habilidades socioemocionales desde la escuela, garantizar atención psicológica oportuna, detectar factores de riesgo y promover relaciones igualitarias son estrategias cuya eficacia ha sido ampliamente documentada por organismos como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la UNESCO.

También es indispensable recordar quién ocupa el centro de esta historia es una niña, no un expediente. Una niña  cuya vida cambió de manera abrupta y que necesitará mucho más que atención médica. Las investigaciones muestran que las agresiones sexuales durante la infancia pueden producir secuelas físicas, psicológicas y sociales que perduran durante años si no existe un acompañamiento integral y sostenido. La reparación del daño no termina con una resolución judicial; comienza con garantizar que pueda reconstruir su proyecto de vida en condiciones de seguridad, dignidad y apoyo.

Si este caso nos duele, que el dolor no termine cuando desaparezcan los titulares. Que se transforme en la voluntad colectiva de proteger, educar y cuidar mejor a nuestras infancias que están dejando de ser un espacio protegido.