"Nombrar mal las cosas es añadir desgracias al mundo". Albert Camus

Hay algo que los gobiernos mexicanos han perfeccionado con una eficiencia admirable; no resolver la violencia, sino encontrar nuevas formas de explicar por qué la culpa nunca termina siendo del Estado. Es casi una innovación institucional. Con Felipe Calderón llegaron los famosos daños colaterales; miles de personas dejaron de ser padres, hijos o hermanos para convertirse en un efecto secundario de una estrategia de seguridad. Después vino otra moda, ya no bastaba decir que había una guerra, ahora muchos "andaban en malos pasos"; qué descanso para todos, el asesino seguía libre, pero el muerto ya había sido condenado por la opinión pública.

Y, como toda mala costumbre en México, la idea evolucionó. Ahora el muerto también es investigado; no porque eso acerque a la verdad, sino porque ayuda a construir un relato mucho más cómodo. Hace unos días, Zacatecas volvió a ocupar las noticias por la ejecución de diez personas, entre ellas empresarios, funcionarios municipales y un expresidente municipal; cualquiera pensaría que la prioridad era explicar quién pudo organizar semejante barbaridad, cómo se movieron con esa libertad, por qué nadie logró impedirlo. Pues no, una parte importante de la conversación terminó girando alrededor de otra cosa, cinco habían consumido sustancias ilícitas, algunos eran investigados por posibles actos de colusión o extorsión; uno escucha eso y termina preguntándose si la investigación va detrás de los homicidas... o detrás de quienes ya están en el panteón.

Lo más preocupante es que esta película ya la vimos. Durante años, cuando una mujer denunciaba una violación, aparecía el detective más inútil del país; el que preguntaba cómo iba vestida, por qué salió tan noche, si había tomado o si conocía al agresor. Nunca buscaba entender el delito, buscaba repartir la culpa. Pensábamos que esa forma de razonar había quedado exhibida por absurda; resulta que solamente cambió de destinatario. Hoy cambiamos la falda por un examen toxicológico, la hora de salida por una carpeta de investigación y el resultado sigue siendo exactamente el mismo, el agresor desaparece de la conversación y la víctima comienza a defenderse... aun cuando ya no pueda hablar.

Que quede claro; investigar todas las líneas posibles no solamente es válido, es una obligación. Si hubo extorsión, si existían vínculos con grupos criminales, si algún servidor público colaboró con ellos o si alguien actuó bajo amenazas, la Fiscalía debe llegar hasta las últimas consecuencias. El problema empieza cuando esos datos, todavía sujetos a investigación, se presentan casi como una explicación del homicidio; ahí dejamos de investigar un crimen para comenzar a justificarlo, aunque nadie lo diga con esas palabras.

Además, la fórmula es extraordinariamente barata. Perseguir a un grupo criminal exige inteligencia, policías, coordinación, ministerios públicos capaces y resultados; perseguir la reputación del muerto apenas necesita un micrófono. Sale más económico revisar el pasado de la víctima que capturar al asesino, cuesta menos sembrar una duda que desmantelar una organización criminal. Hasta parece política de austeridad; combatir al delincuente es caro, culpar al cadáver prácticamente sale gratis.

Y cuidado, porque esa lógica nunca conoce límites. Hoy revisan si uno de los ejecutados consumía drogas; mañana revisarán al periodista asesinado, al comerciante secuestrado, al médico, al estudiante o al servidor público. Siempre habrá un detalle que permita decir "algo habría hecho". Al paso que vamos, cualquier día la Fiscalía solicitará una orden de aprehensión contra el difunto; no para detenerlo, claro, únicamente para que quede perfectamente documentado que el verdadero problema era él. Uno se ríe porque suena ridículo; luego recuerda dónde vivimos y la risa dura muy poco.

La Constitución no reconoce ciudadanos de primera y de segunda frente al derecho a la vida; quien cometió un delito debe ser investigado, procesado y sentenciado por un juez, no secuestrado, ejecutado y después sometido a un juicio moral en conferencias de prensa. Esa diferencia es la que separa al Estado de Derecho de la ley del más fuerte; parece obvia, pero conviene repetirla porque, a fuerza de escuchar explicaciones, corremos el riesgo de olvidarla.

Después de la justicia está la barbarie; lo inquietante es que la barbarie ya no entra disparando, ahora llega con estadísticas, ruedas de prensa y argumentos aparentemente razonables. Ya no necesita convencerte de que el asesino tenía razón; le basta con sembrar la duda de que la víctima quizá no merecía tanta indignación. Ese día, aunque no nos demos cuenta, el muerto vuelve a morir... y el Estado vuelve a perder.