ZACATECAS, ZAC.- La protesta no solo fue un acto de denuncia: fue la ruptura de un silencio que, según las manifestantes, se sostuvo durante años dentro de un centro de rehabilitación señalado por presuntos actos de violencia sistemática.

Un grupo de mujeres alzó la voz para acusar maltratos físicos, psicológicos y condiciones que calificaron como indignas durante su estancia como internas. En medio de un ambiente de tensión y bajo la vigilancia de una patrulla de la policía municipal, las denunciantes compartieron testimonios que apuntan a posibles violaciones graves a los derechos humanos.

Casandra Estefanía Vargas de Huelva aseguró que dentro del lugar se cometen prácticas que podrían constituir tortura. “Cuando son de preferencias sexuales distintas, las castigan, no les dan de comer, las ponen a limpiar sin descanso. Eso ya cae en la tortura”, denunció.

Los señalamientos incluyen privación de alimento, restricción del sueño, castigos prolongados y la presencia de personas con padecimientos psiquiátricos que, según las inconformes, no reciben atención adecuada. Además, afirmaron que permanecen en condiciones de encierro constante.

Laura Saldaña relató que fue internada por una situación de violencia intrafamiliar, pero dentro del centro dijo vivió nuevas agresiones. “Me amarraron, me golpearon, me humillaron. Me castigaron siete días sin dormir, limpiando toda la noche y ayunando”, declaró.

Otra denunciante, Yaneth Calderón, acusó haber sido obligada a desnudarse sin su consentimiento en varias ocasiones, incluso siendo menor de edad, lo que calificó como un delito.

De acuerdo con los testimonios, la atención dentro del centro se limita a prácticas religiosas impuestas, mientras que las familias pagan cuotas de hasta 14 mil pesos mensuales. Pese a ello, señalaron que la alimentación es deficiente e incluso en mal estado, además de denunciar presunta explotación laboral al ser enviadas a realizar trabajos domésticos fuera del lugar.

Las manifestantes subrayaron que su exigencia no es el cierre del centro, sino su regulación estricta. “Queremos una rehabilitación digna, que se vigile y que cambie la forma en que operan”, expresaron.

En contraste, la encargada del centro, Adriana del Muro Troncoso, rechazó todas las acusaciones y aseguró que el lugar cuenta con sistemas de videovigilancia. “Aquí no hay maltratos. Todo el edificio tiene cámaras para proteger tanto a los usuarios como a nosotros”, afirmó.

La protesta también evidenció la incertidumbre de familiares. Lorena Díaz Rosales acudió al sitio en busca de su hija, sin obtener información clara sobre su paradero. “Solo quiero que me ayuden a sacar a mi hija”, expresó.

Las denunciantes advirtieron que continuarán con acciones legales hasta que las autoridades investiguen los hechos y se garantice el respeto a los derechos de las personas internas en estos espacios.