Un caso más que cimbra y causa indignación a la sociedad zacatecana es el que se perpetró en el municipio de Tabasco, donde un menor de tan solo trece años de edad, agredió física y sexualmente a una menor de tan solo once años, un caso más que nos llama a que las políticas públicas orientadas a la prevención de conductas antisociales y del delito en jóvenes sea un instrumento importante para la reducción de los índices de violencia en las juventudes de nuestro país, lo que deberá de llevar si, o si, a desarrollar proyectos integrales específicos orientados hacia los adolescentes para evitar en ellos conductas antisociales y delictivas, en principio, dichos proyectos deberán estudiar y evaluar la raíz de la violencia (diagnóstico), y posteriormente la intervención especializada derivada de dicho diagnóstico, y por supuesto un seguimiento puntual de dichas acciones, que por ende orienten las condiciones de prevenir las distintas causas y factores de riesgo que ponen en vulnerabilidad a los menores de edad, obviamente con el respeto irrestricto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En este caso en particular del municipio de Tabasco, tal como lo he asentado en otras colaboraciones, donde hay la participación de conductas delictivas de adolescentes, el joven que llevó a cabo dicha conducta delictiva en contra de la menor que fue su víctima y la cual debe de ser además de atendida y protegida en sus derechos eso no cabe la menor duda, aunque también hay que decirlo y asentarlo con todas sus letras la niña que fue víctima de esos actos indeseables estuvo en el momento en una vulnerabilidad absoluta, donde la ausencia de medidas de prevención que debieron de tener los cuidadores primarios, simple y sencillamente no se dio y la convirtió en víctima, respecto al causante de los hechos, de que es un victimario lo es, sin embargo lo vuelvo a asentar tal como en otros casos, de que este jovencito antes de ser victimario, igualmente fue víctima del sistema, en principio del familiar que no le dio las herramientas necesarias tal como los valores, principios éticos, educación, inteligencia emocional y un largo etcétera.

En este sentido uno de los tantos indicadores importantes para evaluar el funcionamiento de las sociedades, es el nivel de integración o bien desarticulación en que se ven involucrados las niñas, niños y adolescentes, lo cual en la integración debería conllevar a mantener un bajo índice de participación de los adolescentes en actividades antisociales y delictivas y más las de alto impacto como es el caso que nos ocupa, situándonos como una sociedad que garantiza los derechos sociales y humanos con inclusión y que esto nos lleve a que las niñas, niños y adolescentes vivan un presente alejado de la violencia y por ende la construcción de un futuro con excelentes expectativas de bienestar social.

Sin embargo, el hecho de que menores de edad lleven a cabo conductas antisociales y delictivas como el caso en comento, e igualmente otro tanto número de jóvenes estén involucrados en temas tan graves como delincuencia organizada, nos refleja un tema de complejidades que involucra una desestructuración del tejido social y exhibe el fracaso de las instituciones en principio la familiar que es donde se debe de educar a las niñas, niños y adolescentes, en valores, principios éticos, respeto, inteligencia emocional, sentido de responsabilidad, disciplina y un largo etcétera, y enseguida la escolar que es donde recibe instrucción académica pero donde también se refuerza la educación que se recibe en casa, estos hechos nos llevan a la limitación de oportunidades y derechos a las que deberían de tener acceso las niñas, niños y adolescentes y no porque sea un derecho legal, sino porque es un derecho natural que debe de conducir a que los niños y adolescentes a tener una vida libre de violencia, felicidad, paz y armonía, donde la familia juegue un papel preponderante para que esto pueda ser posible.