ZACATECAS, ZAC.- Organizaciones sociales, comunidades afectadas por la actividad minera, académicos y representantes sindicales dirigieron una carta abierta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que demandan fortalecer la regulación de la industria minera, resolver conflictos laborales históricos y garantizar la protección de los derechos de las comunidades y trabajadores.

En conferencia de prensa informaron sobre las conclusiones del Seminario Nacional “La voz de las comunidades, los trabajadores y la academia frente a la Reunión Internacional de Minería”, realizado el 18 de junio en la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), con la participación de organizaciones civiles, sindicatos, investigadores y habitantes de diversas regiones afectadas por proyectos extractivos.

Señalaron que entre las conclusiones arrojadas en el encuentro que la minería ha sido promovida como una actividad estratégica para el desarrollo económico, aunque afirman que sus beneficios no se reflejan en los territorios donde opera. En el documento señalan que la aportación del sector a la economía nacional “no supera el 1.5% del Producto Interno Bruto”, mientras que genera “enormes utilidades para los empresarios y severos impactos sociales y ambientales”.

Asimismo, denuncian que miles de concesiones mineras fueron otorgadas sin consulta previa a propietarios y comunidades, “las personas se dan cuenta de que sus predios fueron concesionados para la actividad minera hasta que llegan las empresas al territorio a realizar trabajos de exploración”, sostuvieron.

Entre los casos expuestos destacan el de Salaverna, en Mazapil, Zacatecas, donde aseguran que una mina concesionada a Ocampo Mining provocó el desplazamiento de familias, así como el de la comunidad de La Colorada, en Chalchihuites, donde atribuyen a la empresa canadiense Plata Panamericana el despojo de tierras y la demolición de viviendas.

Los participantes también cuestionan los beneficios económicos de la industria. Argumentan que, tras décadas de explotación minera, numerosos municipios productores de oro y plata mantienen niveles de pobreza superiores al promedio nacional. Citan como ejemplos a Mazapil y Fresnillo, en Zacatecas, así como municipios de Durango, Oaxaca y Chihuahua.

De acuerdo con el posicionamiento, la minería aportó en la última década apenas el 1.45 por ciento del PIB nacional. Además, sostienen que en Zacatecas “por cada mil dólares que genera la minería, solo ocho centavos se quedan en el estado”.

Respecto al empleo, indican que la actividad representa únicamente el 0.62% de los puestos de trabajo en el país y afirman que en Zacatecas el 70% de los empleos vinculados al sector se realizan mediante esquemas de subcontratación.

Entre los ocho puntos petitorios dirigidos al Gobierno Federal, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los gobiernos estatales, destacan el fortalecimiento de la legislación minera, una mayor supervisión del cumplimiento de los derechos laborales y ambientales, la resolución definitiva de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Minera de 2023 y la expedición de los reglamentos pendientes de dicha legislación.

También solicitan la solución de las huelgas mineras de Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero; y San Martín, Sombrerete, Zacatecas, las cuales, señalan, cumplirán 19 años de haber estallado el próximo 30 de julio.

La carta fue suscrita por representantes de organizaciones como la Colectiva ¡Cambiémosla Ya!, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, la Coordinadora Zacatecana de Lucha Social 10 de Abril, el Frente Social por la Soberanía Popular, investigadores de la UAZ, la UNAM y representantes de comunidades de Zacatecas y Sonora afectadas por actividades extractivas.