“No hay más que un poder: la conciencia al servicio de la justicia; no hay más que una gloria: el genio, el servicio de la verdad.” Víctor Hugo.

En México, quien manda rara vez paga por lo que decide; firma una reforma, elimina una institución, improvisa un sistema, reduce un presupuesto y luego se coloca frente al micrófono para anunciar que la historia acaba de comenzar. Cuando la ocurrencia sale mal, la historia cambia de dueño; nadie recuerda quién dio la orden, quién redactó la iniciativa o quién levantó la mano. Paga la madre que busca a su hijo, el inocente que pierde años en prisión, el enfermo que llega a una farmacia pública llena de anaqueles y vacía de medicinas; paga el ciudadano, casi siempre, mientras el responsable conserva cargo, sueldo y explicación.

Ese método tiene una ventaja formidable para quienes gobiernan; permite ejercer el poder sin jugarse la piel. Si el resultado favorece al gobierno, habrá ceremonia, propaganda y una placa conmemorativa; si produce un desastre, la culpa será de los conservadores, de la burocracia, de los jueces, del pasado o de alguna conspiración todavía en proceso de fabricación. El éxito tiene propietario, el fracaso se vuelve patrimonio nacional; los beneficios políticos se concentran arriba, los daños descienden hasta encontrar a alguien que no tenga fuero, escoltas ni tribuna.

Una democracia debería imponer una regla incómoda; nadie tendría que decidir sobre un sistema cuyas consecuencias jamás padecerá. Quien legisla debería vivir bajo la ley que aprueba, quien administra la salud pública tendría que atenderse en sus hospitales, quien destruye un servicio profesional debería confiar su propio asunto al improvisado que dejó en el cargo. Tal vez entonces las reformas perderían esa ligereza de apuesta hecha con dinero ajeno; el problema es que nuestras autoridades suelen sentirse cirujanas cuando sostienen el bisturí y simples visitantes cuando el paciente aparece en la morgue.

Durante años, el gobierno federal tuvo el control del Ejecutivo y una mayoría suficiente en el Congreso; podía ordenar y podía legislar, pero todavía quedaba una molestia llamada Poder Judicial. Un juez podía suspender una obra, una sala podía corregir un abuso y la Suprema Corte podía invalidar una ley; la Constitución seguía sirviendo, de vez en cuando, para decirle al poder que no. Esa resistencia era imperfecta, lenta y muchas veces decepcionante, pero existía; por eso había que retirarla del camino.

La reforma judicial no nació para resolver el abandono cotidiano de la justicia; no mejoró las investigaciones, no multiplicó defensores, no redujo la carga de las fiscalías ni llevó recursos a los tribunales más saturados. Su propósito político fue más sencillo; cerrar el circuito. Un Ejecutivo que ordena, un Congreso que aprueba y un Poder Judicial menos dispuesto a estorbar forman una maquinaria muy cómoda para el gobierno y bastante peligrosa para la población. El mismo grupo puede diseñar la regla, aplicarla y después declarar que todo fue constitucional.

Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa el 5 de febrero de 2024, después de años de acusar a jueces, magistrados y ministros de proteger privilegios y delincuentes; el relato tenía una virtud propagandística, explicaba casi todos los males del país sin tocar a las policías que investigan mal, a los ministerios públicos rebasados, a las fiscalías que pierden pruebas o a las autoridades que fabrican actos ilegales. El Poder Judicial cargó con la culpa completa porque era el único poder que todavía podía frenar decisiones presidenciales; cuando el termómetro incomoda, resulta más barato romperlo que atender la fiebre.

Había razones para reformarlo; lentitud, opacidad, desigualdad laboral y una distancia ofensiva frente a muchas personas que acuden a pedir justicia. Ninguna de esas fallas justificaba arrasar la carrera judicial ni convertir al juzgador en candidato. Una casa con goteras se repara; no se dinamita para después presumir que ya no entra agua. Menos cuando quien enciende la mecha lleva años irritado porque los tribunales suspenden sus obras, revisan sus decretos o contradicen sus deseos.

La elección del 1 de junio de 2025 terminó de venderse como la devolución de la justicia al pueblo; la participación quedó entre 12.57 y 13.32 por ciento de la lista nominal. Hubo boletas difíciles de entender, candidaturas que nadie podía conocer seriamente y acordeones con nombres recomendados; una fiesta democrática en la que casi nueve de cada diez ciudadanos no entraron al salón.

El resultado no fue un Poder Judicial del pueblo, sino uno expuesto a quienes organizan, orientan y movilizan el voto. El juez de carrera podía ser mediocre, soberbio o corrupto; también podía deber su puesto a exámenes, experiencia y antigüedad. El candidato judicial necesita aparecer en una boleta, conquistar respaldo y sobrevivir a filtros en los que intervienen los poderes que después deberá controlar; puede llegar con toga nueva y deuda vieja. Los favores políticos casi nunca se cobran por transferencia bancaria; basta una sentencia oportuna.

La muestra de lo que puede venir apareció muy pronto y, para mayor ironía, llegó de la llamada “ministra del pueblo”. En la Suprema Corte se discutió un proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra que buscaba permitir el cobro de impuesto sobre la renta sobre los recursos de la Afore entregados a beneficiarios de una persona trabajadora fallecida; seis ministros rechazaron la propuesta. Lenia Batres la respaldó y sostuvo que quien recibe ese dinero no lo obtuvo con su propio esfuerzo, además de defender el gravamen a las herencias como una medida redistributiva.

La frase merece detenerse un momento; el dinero de una Afore proviene del salario y de aportaciones acumuladas durante años. No apareció por azar, no fue un regalo del Estado ni una ganancia encontrada debajo de una piedra; pertenece al patrimonio construido por el trabajador y está destinado a protegerlo a él o a su familia. Decirle a la viuda que ese ahorro no fue producto de su esfuerzo equivale a suponer que la vida familiar se lleva como una contabilidad de solteros; uno trabaja, el otro observa, los hijos no cuentan y la muerte convierte al SAT en heredero preferente.

La ministra pudo elegir como símbolo de desigualdad al propietario de una fortuna organizada mediante sociedades, fideicomisos y asesores fiscales; escogió, en cambio, a la familia que llega a la administradora con un acta de defunción y una carpeta de documentos. El millonario tiene estructuras para proteger su patrimonio; la esposa de un obrero, de un empleado o de un servidor público tiene turno en ventanilla. Cobrarle a ella no redistribuye riqueza; confirma la vieja costumbre de recaudar donde resulta más fácil, no donde se concentra más dinero.

La Ley del Impuesto sobre la Renta exenta los ingresos recibidos por herencia o legado; si el gobierno pretende cambiar esa política, debe presentar una reforma ante el Congreso, explicar a quién cobrará, establecer montos y asumir el costo político. Eso corresponde a diputados y senadores; una ministra no fue elegida para inventar impuestos desde una sentencia ni para suplir con interpretación judicial lo que el gobierno no quiere defender de frente.

Aquí se entiende para qué sirve un Poder Judicial domesticado; cuando el Ejecutivo necesita algo y el Congreso no quiere ensuciarse las manos, siempre puede aparecer una resolución con lenguaje técnico que haga el trabajo. La medida ya no parecerá una decisión política, sino una exigencia constitucional descubierta oportunamente por nueve personas con toga. El ciudadano podrá inconformarse, claro; tendrá derecho a acudir ante el mismo aparato que convirtió la voluntad gubernamental en criterio jurídico. La jaula también puede tener oficialía de partes.

La división de poderes no exige que las instituciones vivan peleando; exige que ninguna se convierta en empleada de otra. Un juez constitucional debe incomodar, detener, revisar y, cuando corresponda, negar; si comienza a calcular qué necesita el gobierno, quién apoyó su candidatura o qué reacción provocará su sentencia, la toga queda reducida a uniforme. Todavía habrá Corte, sesiones y discursos solemnes; también hay extintores vacíos en edificios públicos, y nadie descubre el engaño hasta que comienza el incendio.

Quienes impulsaron la reforma no arriesgaron nada personal; conservaron cargos, pensiones, seguridad y micrófonos. Las consecuencias las conocerá el ciudadano cuando necesite un juez capaz de enfrentarse al gobierno, al partido, al dinero o al crimen; entonces entenderá que la independencia judicial no era una comodidad de magistrados, sino su última defensa frente al Estado.

El poder mexicano perfeccionó una forma de irresponsabilidad; decide con autoridad y responde como comentarista. Ahora pretende hacerlo desde los tres poderes; uno ordena, otro aprueba y el tercero encuentra la explicación jurídica. Para muestra está la ministra del pueblo, dispuesta a enseñarle a una viuda que el ahorro de su esposo también puede servir para financiar al gobierno; ella pone la doctrina, el SAT extiende la mano y la familia vuelve a poner la piel.