“El amor a la justicia no es, en la mayoría de los hombres, sino el temor a padecer la injusticia.” (François De La Rochefoucauld)

En 2026 ya no vivimos de promesas; vivimos de resultados. La reforma judicial dejó de ser un proyecto político para convertirse en una realidad constitucional y, como toda realidad, ya puede medirse. Porque una reforma no se evalúa por los aplausos que recibe cuando se anuncia, sino por la justicia que entrega cuando comienza a funcionar.

Hace unos días el Centro de Estudios de Justicia de las Américas publicó un análisis comparado de las reformas judiciales en la región. Su primera conclusión debería sonrojar a más de uno. No existe una gran ola latinoamericana de reformas judiciales; cada país responde a sus propios problemas y, cuando aparecen reformas estructurales, generalmente lo hacen en contextos de desconfianza ciudadana y debilidad institucional. Dicho de otra manera, las reformas suelen ser consecuencia de la crisis; no una garantía de que la crisis desaparecerá.

México aparece entre los países que más reformaron su sistema judicial. El dato puede presumirse en una conferencia de prensa; otra cosa muy distinta es presumir resultados. Porque las leyes cambian en el Diario Oficial, pero la confianza ciudadana no cambia por decreto. La impunidad, por cierto, sigue comportándose como si jamás hubiera leído la reforma. Quizá tampoco alcanzó ejemplar.

Durante meses escuchamos una explicación extraordinariamente sencilla. Si la justicia no funcionaba, era culpa del Poder Judicial. Una teoría muy útil porque tenía todas las ventajas políticas; identificaba un enemigo, simplificaba un problema complejo y ofrecía una solución aparentemente inmediata. El inconveniente es que la realidad, como suele hacerlo, decidió no cooperar.

La justicia nunca ha dependido de una sola persona ni de una sola institución. Antes de que un asunto llegue a un tribunal ya pasaron policías, ministerios públicos, peritos, autoridades administrativas, abogados particulares y un largo desfile de decisiones que pueden acercar o alejar la verdad. Pensar que todo comienza cuando un juez abre un expediente es tan lógico como culpar al árbitro porque un delantero falló un penal.

En esa narrativa también quedaron atrapados miles de trabajadores que jamás fueron protagonistas de los discursos, pero sí de las jornadas interminables. Actuarias y actuarios recorriendo ciudades enteras para practicar notificaciones; oficiales judiciales recibiendo y clasificando promociones que parecen multiplicarse por generación espontánea; secretarias, secretarios y proyectistas estudiando expedientes durante horas para construir resoluciones técnicamente sólidas; personal administrativo haciendo rendir recursos que desde hace años resultan insuficientes. Si ellos hubieran sido el verdadero problema, la justicia mexicana habría colapsado hace mucho tiempo. La realidad demuestra algo distinto; muchas veces el sistema sigue funcionando gracias a su profesionalismo y no por la generosidad del presupuesto ni por la brillantez de quienes diseñan las reformas.

Eso no significa que el Poder Judicial sea perfecto. Claro que existen malos jueces y malos servidores públicos; negarlo sería tan absurdo como afirmar que todos lo son. Pero el mismo ejercicio de honestidad debe aplicarse al resto del sistema. También existen ministerios públicos que investigan con negligencia o integran carpetas destinadas al fracaso; policías que no preservan correctamente una escena del crimen o vulneran derechos fundamentales; peritos cuya carga de trabajo retrasa dictámenes esenciales y autoridades que toman decisiones sin la debida fundamentación. Algunos fallan por incapacidad o falta de compromiso; otros simplemente trabajan en instituciones rebasadas por la falta de personal, presupuesto, tecnología y capacitación. El Estado suele exigir resultados extraordinarios con recursos ordinarios y luego se sorprende cuando el sistema no responde como esperaba. Las reformas cambian leyes con relativa facilidad; fortalecer las instituciones requiere inversión, planeación y voluntad política, y esa parte rara vez aparece en el discurso.

Y hay otro actor del que casi nunca se habla porque resulta políticamente incorrecto mencionarlo. Los malos abogados particulares. Esos que garantizan ganar un juicio antes de leer el expediente; los que cobran honorarios de especialistas y litigan como improvisados; los que dejan vencer términos, presentan demandas deficientes, desconocen la jurisprudencia y, cuando el asunto inevitablemente se pierde, encuentran la explicación perfecta: "el juez estaba vendido". La autocrítica también debería formar parte de la ética profesional.

En México desarrollamos una curiosa teoría jurídica. Si el Ministerio Público investiga mal, la culpa es del juez. Si el abogado redacta una demanda desastrosa, también. Si la policía viola la cadena de custodia, nuevamente del juez. Si un expediente tarda porque un órgano jurisdiccional trabaja con menos personal del necesario, otra vez del juez. A este paso, cualquier día responsabilizaremos al actuario de que el GPS mandó al abogado por la calle equivocada o de que llovió el día de una diligencia.

El informe de CEJA deja una enseñanza que vale la pena leer sin filtros ideológicos. Las democracias no fortalecen su justicia únicamente cambiando la forma de elegir a quienes imparten justicia. La fortalecen cuando profesionalizan a todas sus instituciones, cuando respetan la carrera judicial, cuando mejoran la investigación criminal, cuando dignifican el trabajo de quienes sostienen el sistema todos los días y cuando exigen el mismo nivel de responsabilidad a cada operador jurídico, sin importar si porta toga, uniforme o un elegante portafolio de piel.

Porque la justicia no es una competencia entre poderes ni una campaña electoral permanente. Es una cadena; basta que un solo eslabón falle para que toda la ciudadanía pague las consecuencias.

En 2026 ya no necesitamos más culpables convenientes. Necesitamos instituciones que funcionen, abogados que estudien, fiscalías que investiguen, policías que respeten la ley, servidores públicos comprometidos y gobiernos capaces de reconocer que la justicia nunca fue un problema de un solo poder.

Lo verdaderamente incómodo es que encontrar un culpable siempre resulta más barato que construir una solución. Y quizá por eso seguimos discutiendo quién arruinó la justicia, mientras los ciudadanos siguen esperando que, algún día, simplemente llegue.