“La proliferación de información inexacta, infundada o engañosa representa un peligro en cualquier contexto…”

Samuel Montoya Álvarez*

A finales del pasado mes de abril fue presentada la más reciente obra de María Amparo Casar, socióloga y escritora, quien compartió en el libro “Los puntos sobre las íes” su crítica a la administración presidencial saliente. Poco más de una semana después, iniciaría en su contra un desfile de declaraciones, acusaciones, señalamientos y exposición de datos personales sensibles, tanto de la autora como su difunto esposo Carlos Márquez Padilla. Hoy, más de dos semanas después, los ataques mediáticos continúan.

La alarmante exhibición de la esfera íntima y los daños a la privacidad de una familia entera, dos décadas después de que falleciera el padre, extrabajador de la paraestatal Pemex, es preocupante desde diversas aristas, una de ellas la vasta desinformación que rodea el caso, y que se sigue alimentando por servidores públicos que, según la ley, deberían resguardar la confidencialidad de los datos personales, y no alimentar un clima de hostilidad y desconfianza.

La proliferación de información inexacta, infundada o engañosa representa un peligro en cualquier contexto, especialmente cuando se vincula con figuras de autoridad. Lo que inició como la divulgación de documentos sin testar los datos personales de un individuo fallecido, ha continuado a través de descalificaciones y acusaciones de corrupción, dirigidas a una viuda por las presuntas irregularidades en la pensión que la empresa estatal le otorgó.

Ha resultado evidente que la difusión irresponsable de información falsa o sesgada puede tener consecuencias devastadoras. No sólo al exponer datos personales de un difunto para respaldar una acusación que durante 20 años no había sido llevada ante las autoridades competentes, sino al generar un ambiente de persecución hacia los familiares del finado. Por un lado, se falta al respeto tanto al fallecido como a sus seres queridos, por otro, se pretende confundir a la opinión pública sobre la responsabilidad de la familia que sufrió la pérdida, la empresa que la pensionó y las autoridades a cargo de esta última.

Desde luego, este caso no ha pasado desapercibido para la autoridad federal en materia de protección de datos personales: el INAI, desde donde la comisionada Norma Julieta Del Río Venegas ha puntualizado la diferencia que existe entre la denuncia de presuntos actos de corrupción y la vulneración a la privacidad, que debe ser denunciada ante el órgano garante nacional, y por consiguiente investigada y sancionada.

Los servidores públicos, a cualquier nivel, tenemos una responsabilidad crucial en la promoción de la verdad y la transparencia. Especialmente quienes encabezan el gobierno, cuya conducta debe ser un ejemplo de integridad y ética. De otra manera, la participación en la difusión de desinformación únicamente socava la confianza en las instituciones y alimenta la polarización en la sociedad.

Es esencial que la ciudadanía esté alerta y ejerza un pensamiento crítico frente a la información que se consume, incluso cuando proviene de fuentes oficiales. Además, es fundamental que como todas y todos asumamos la responsabilidad social de no compartir información engañosa, inexacta o falsa, pues finalmente, en nuestras manos está combatir la desinformación.