“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia.” - Montesquieu

El 18 de junio de 2026 se cumplieron diez años de la entrada plena en vigor del Sistema Penal Acusatorio en México y, como suele ocurrir en este país, seguimos discutiendo el síntoma mientras ignoramos la enfermedad. Cada vez que una investigación se cae, cada vez que una acusación no logra sostenerse o cada vez que un tribunal excluye pruebas obtenidas ilegalmente, aparece el mismo coro; que los juicios orales son el problema, que la presunción de inocencia protege delincuentes, que los derechos humanos estorban. Lo repetimos tanto que casi terminamos creyéndolo.

La sentencia conocida esta semana en Zacatecas demuestra exactamente lo contrario. Un Tribunal de Enjuiciamiento concluyó que existieron actos de tortura y tortura sexual, que las pruebas derivadas de esos hechos debían excluirse y que la acusación no podía sostenerse en esas condiciones; sin embargo, la pregunta incómoda no es por qué un juez excluyó una prueba ilícita. La pregunta es cómo demonios llegó una investigación a construirse sobre elementos que terminaron siendo cuestionados de esa manera.

Porque las pruebas no se contaminan solas; alguien las obtuvo. Las detenciones arbitrarias no ocurren por accidente; alguien las ejecutó. Las carpetas de investigación no se integran por obra del Espíritu Santo; alguien tomó decisiones, alguien firmó documentos, alguien defendió la validez de esas actuaciones y alguien pidió que una persona permaneciera privada de la libertad durante casi seis años.

Y aquí es donde el debate se vuelve embarazoso para la Fiscalía. Si un tribunal concluyó que existieron violaciones graves a derechos humanos, si determinó que la prueba debía expulsarse del proceso y si la acusación terminó derrumbándose, entonces la discusión no puede terminar con la sentencia. Apenas comienza. ¿Quién responderá por esos seis años? ¿Quién devolverá los cumpleaños perdidos, el tiempo con la familia, los proyectos cancelados, la vida suspendida detrás de una reja? Porque para solicitar noventa años de prisión sí hubo funcionarios dispuestos a firmar; para asumir responsabilidades cuando la investigación se desploma, curiosamente siempre aparecen el silencio y los expedientes extraviados.

Lo verdaderamente irónico es que este caso llega justamente cuando se cumplen diez años del sistema acusatorio. Durante una década se ha culpado a la oralidad de problemas que pertenecen a las instituciones encargadas de investigar. El juicio oral no fabrica impunidad; la exhibe cuando la investigación nació mal. El juez no puede inventar pruebas que la Fiscalía no obtuvo. El tribunal no puede corregir una detención irregular. La audiencia no puede reparar años de errores acumulados en una carpeta de investigación.

Durante décadas vivimos bajo un modelo donde muchas cosas podían esconderse entre miles de hojas. Si el expediente pesaba diez kilos parecía que existía justicia; si tenía veinte tomos parecía que existía verdad. Hoy la prueba tiene que resistir preguntas, contradicción y escrutinio público; ahí es donde algunas investigaciones descubren que una montaña de papel nunca fue sinónimo de una montaña de evidencia.

Lo preocupante es que todavía hay quienes creen que la solución consiste en regresar al pasado. Como si las confesiones forzadas, la opacidad y los expedientes interminables hubieran sido una época dorada de la justicia mexicana. No, el problema no es el sistema acusatorio. El problema es mucho más grave; quisimos operar un modelo democrático con instituciones que nunca terminaron de transformarse. Cambiamos la Constitución, cambiamos los códigos y cambiamos los edificios, pero en demasiados casos seguimos encontrando prácticas que pertenecen al siglo pasado.

A diez años de distancia, la pregunta ya no es si la reforma funcionó. La pregunta es por qué seguimos tolerando que los errores de una investigación recaigan únicamente sobre quien fue acusado y nunca sobre quienes la construyeron. Porque si después de seis años de prisión, de una sentencia de esta magnitud y de conclusiones tan severas contra la actuación de las autoridades nadie responde, entonces el mensaje es aterrador; en México una investigación puede fracasar, una persona puede perder años de su vida y el único castigo seguro es para quien estuvo sentado en el banquillo, nunca para quien colocó ahí una acusación que no pudo sostener.